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Arquitectura pública y técnicos estatales: la consolidación de la arquitectura como saber de Estado en la Argentina, 1930-1943

Public architecture y state technicians: consolidation of architecture as a State domain in Argentina, 1930-1943

Cecilia Parera*

* Arquitecta, UNL. Master in Architecture, Graduate School of Architecture, University of Utah (UU), Estados Unidos de América. Doctoranda en Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Becaria doctoral, UNL. Docente Ordinaria de Historia de la Arquitectura y de la Maestría en Arquitectura en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Codirectora del proyecto CAI+D, UNL, “Arquitectura Pública, registros comparativos (1930 – 1976)”. Autora de libros y numerosos artículos especializados.

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad Nacional del Litoral. Ciudad Universitaria, Ciudad de Santa Fé, República Argentina. Email: ceciliaparera@gmail.com

RECIBIDO: 30 de enero de 2012.
ACEPTADO: 21 de mayo de 2012.


RESUMEN

Este trabajo se propone desarrollar los nudos problemáticos en torno a la consolidación de la disciplina de la arquitectura como profesión legitimada en el marco de las reparticiones técnicas nacionales entre los años 1930 y 1943. Para ello, se brindarán líneas conceptuales que definen la interpretación de las “ideas en la política”. Se planteará tanto la perspectiva estatal como la disciplinar/corporativa que permiten entender la arquitectura como “saber de Estado”, y se presentará el marco de tecnificación del aparato estatal argentino, que posibilitó la creación de oficinas especializadas en las que los arquitectos, como técnicos capacitados, alcanzaron un rol preponderante. La hipótesis considera que los años estudiados constituyen un momento de inflexión en la injerencia de la arquitectura como campo científico y profesional en la estructura estatal a cargo de la arquitectura pública.

Palabras clave: Arquitectura; Arquitectura pública; Saber de Estado; Reparticiones técnicas estatales.

ABSTRACT

This paper aims to develop the problematic nodes around the consolidation of architecture as a legitimized profession in the context of national technical occupations between 1930 and 1943. To his end, the conceptual lines that define the interpretation of “ideas in politics” will be provided, the government and the disciplinary/corporate perspective that enable to understand architecture as a State domain” will be raised, and the framework of technification of the Argentine bureaucratic apparatus that allowed the creation of specialized professions —in which architects, as qualified technicians, reached a major role— will be presented. The hypothesis considers that the years under study constitute a turning point in the interference of architecture as a scientific and professional field in the Government structure in charge of public architecture.

Keywords: Architecture; Public architecture; State domain; State technical professions.


MARCO INTERPRETATIVO

El derrumbe de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929 disparó una inusitada crisis económica a nivel mundial. Las estrategias encaradas por los países afectados para afrontar este sisma se centraron, en gran parte de los casos, en un incremento de la intervención estatal a partir del gasto público. En el marco de un Estado benefactor, la obra pública se transformó en una herramienta de acción sumamente efectiva, ya que más allá de dar empleo a los incontables desocupados y fomentar la reactivación de la industria de la construcción —impulsora de la economía en general— se constituía en un símbolo visible para la ciudadanía respecto de la anhelada recuperación. El caso argentino no fue la excepción: las medidas adoptadas durante las gestiones de los presidentes Agustín P. Justo, Roberto Ortiz y Ramón Castillo entre 1932 y 1943 asumieron a la obra pública como baluarte del accionar estatal, medida que fue seguida por las provincias con mayor solvencia económica, como fue el caso de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

En este contexto, el presente trabajo busca poner de manifiesto el rol alcanzado por la disciplina arquitectónica en el proceso de elaboración de las medidas gubernamentales en materia de arquitectura pública1, reconociendo que toda cuestión política relevante también implica la resolución de significativas cuestiones técnicas. En términos generales, interesa abordar esta cuestión haciendo énfasis en el papel explicativo de las ideas y los saberes especializados en el proceso de elaboración de políticas públicas, es decir, “las ideas en la política” y no “las ideas políticas”. Esta especial atención asignada a la dinámica institucional de las ideas es producto de una renovación historiográfica verificada en la década de 1980, la que buscaba “Regresar al Estado al primer plano” (Skocpol, 1985)2. Posicionado como actor independiente, como señala Theda Skocpol, las acciones del Estado pasan de ser vistas como meros actos de coerción o dominación a ser percibidas como actividades intelectuales de administradores civiles dedicados a diagnosticar los problemas de la sociedad y a idear estrategias alternativas para resolverlos. Esta revisión, a su vez, “libera” a las políticas públicas de las interpretaciones estructuralistas y funcionalistas que las señalaban como productos directos de la puja por el poder de los grupos de interés —militares, conservadores, productores agropecuarios, católicos.

De esta manera, la línea de investigación adoptada en el presente trabajo desplaza el foco de análisis de los responsables directos de la toma de decisiones —como serían los representantes máximos del Poder Ejecutivo o los ministros de obras públicas— hacia aquellos encargados de producir, distribuir y aplicar conocimientos —proyectistas, inspectores, asesores de otras especialidades. Coincidentemente, este abordaje diluye la figura del autor único en una obra de arquitectura pública y reconoce una multiplicidad de procedimientos burocráticos, técnicos y económicos que marcan profundamente la resultante edilicia en sus aspectos funcionales, formales y constructivos. Sin embargo, esta mirada no deja de reconocer que el estudio de la dinámica institucional de las ideas también se complementa con otro tipo de explicaciones basadas en los supuestos intereses de los actores y los condicionamientos políticos, económicos y culturales (Camou, 1997).

No es posible soslayar que en esta línea de investigación, orientada a incorporar al estudio histórico la dinámica política en general y la elaboración de políticas públicas en particular, los aportes de Pierre Bourdieu han sido de significativa importancia en la comprensión del rol de los intelectuales en la política y su lugar en la reproducción y transformación del orden social (2002). En particular, el marco conceptual que este sociólogo francés desarrolla en torno a las ideas de “campo” —como espacio determinado de la actividad social, en el que confluyen relaciones sociales definidas por la posesión de un saber y la capacidad de producir una forma específica de acción—, “habitus” —entendido como el conjunto de principios generadores que estructura la percepción de los actores sobre el mundo y también su acción— e “illusio” —adhesión no consciente de los actores a las reglas de juego del campo—, ha permitido tomar conciencia de las fuerzas anónimas que la lectura de la estructura social impone reconocer. Su “teoría de la acción” (1994) será utilizada para explicar la relativa autonomía que puede reconocerse en el campo disciplinar de la arquitectura y el rol de los arquitectos como actores legítimos en el diseño y ejecución de arquitectura pública.

Por otro lado, cabe señalar que los permanentes cruces y circuitos de circulación entre espacios de acción, legitimación y validación por los que transitan los actores de este campo —reparticiones públicas, mundo académico, práctica privada y gestión cultural y/o corporativa— no solo abonan en la consolidación de la “illusio”, sino que contribuyen al entendimiento de la relativa continuidad y coherencia que se reconoce en las obras construidas por el Estado Nacional en los años estudiados.

ARQUITECTURA, ¿SABER DE ESTADO?

Federico Neiburg y Mariano Plotkin han avanzado en la caracterización de las figuras sociales del campo de las ciencias sociales al identificar particularmente a los “intelectuales”y a los “expertos” (2004). Si bien reconocen la constitución de espacios de intersección productiva entre ambos, asocian al primer término con aquellos individuos que reclaman como fundamento de legitimidad para sus intervenciones públicas una forma de pensamiento global y crítica, sustentada en un conjunto de valores sensibles y racionales, mientras que, según los autores, el segundo define a aquellos técnicos especializados que reclaman hacer de la neutralidad axiológica la base de la búsqueda del bien común, trabajando principalmente en ámbitos del Estado. Precisamente, en el marco de esta labor de los expertos en esferas estatales es que en los últimos años diversos autores han acuñado el término “tecnoburócratas” en relación a los funcionarios técnicamente calificados cuyos móviles principales se alejan de los fines políticos.3 La mayor independencia de los avatares políticos y de los intereses sectoriales permitía a estos profesionales superar el estereotipo peyorativo asociado en el período con el “empleado público” como figura parasitaria del Estado, dado que sus tareas tenían una orientación técnica y administrativa (Ballent, 2002). Es así que los arquitectos, ingenieros y técnicos asumen un nuevo rol dentro del Estado Moderno y se transforman en mediadores entre este y la sociedad.

La misma neutralidad técnica que favorece la extensión de ese nuevo sentido común profesional por fuera de lineamientos ideológicos es, más que la generalización de una convicción política traducida en ideas de ciudad, el producto de una especialización que radicaliza la autonomía que ya veíamos esbozada en la tradición ingenieril desde finales del siglo XIX. Poco importará, a partir de los años treinta, la filiación ideológica de las nuevas figuras que hegemonizarán el campo disciplinar (…) porque se ha cortado en estos temas la vinculación entre técnica y política. (Gorelik, 1998: 401)

En el marco de la tecnificación del aparato estatal argentino es posible reconocer, en general, su rol como motor de la producción de conocimiento social, imprescindible para la elaboración e implementación de políticas sociales como respuesta a las transformaciones implícitas en los procesos de modernización. En particular, el campo disciplinar de la arquitectura ofrece al Estado tanto los instrumentos conceptuales para analizar y diagnosticar necesidades como las soluciones operativas y las herramientas específicas para resolver las problemáticas que atañen a su conocimiento. La autoridad científica que le brindan sus conocimientos obtenidos en ámbitos académicos —y consolidados en la práctica profesional— conlleva el reconocimiento de la legitimidad de su saber como “saber de Estado”.

No existe problema alguno de arquitectura —tomando esta palabra en el más amplio sentido que el arte, la ciencia y la cultura contemporáneas imponen a su significado— cuya solución no pueda buscarse bajo la dirección de un Arquitecto, con ventaja sobre cualquier otro profesional. Los estudios que se cursan para obtener ese título son asaz completos y exigen de los aspirantes dedicación profunda y sacrificios grandes y permanentes durante cinco años, y ellos forman un conjunto absolutamente independiente de los plantes de otras carreras. La Arquitectura no es una subdivisión de ninguna otra rama del conocimiento sino que constituye de por sí una especialización. (Revista de Arquitectura, 1932:100)

Ilustrativo de este reconocimiento es el hecho que en 1932, por primera vez, un arquitecto alcanzó el cargo más alto dentro de la oficina técnica nacional que específicamente se dedica a obras de arquitectura, la Dirección General de Arquitectura (DGA), dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Desde su creación en 1906, todos sus directores habían poseído título de ingeniero civil.

Cada día se nota más firme en los poderes públicos la tendencia a reconocer en el arquitecto un valor técnico excluyente del de otras profesiones afines, en la especialización de funciones que debe ser el Estado Moderno (…). Habrá que ver en ello un síntoma de evidente progreso administrativo y cultural altamente auspicioso para el futuro de nuestra profesión y, por supuesto, también para el país. (Revista de Arquitectura, 1941:141)

Con la jubilación del ingeniero Sebastián Ghigliazza —director de la DGA desde 1916— en febrero de 1932, se abre una posibilidad de resarcimiento a la disciplina. La Sociedad Central de Arquitectos (SCA) eleva una solicitud al Presidente de la Nación:

Se solicita que la vacante sea cubierta con un arquitecto diplomado de una Universidad Nacional, en virtud de ser este el único habilitado, por la especialización de sus estudios, para resolver con ventajas sobre cualquier otro profesional todos los problemas de la arquitectura, tomando esta palabra en el más amplio sentido que el arte, la ciencia y la cultura contemporánea imponen a su significado. (Revista de Arquitectura, 1932:56)

En este clima, el nombramiento del arquitecto José Hortal días después “causó excelente efecto en los centros profesionales, en los que el nuevo Director goza de merecido prestigio” (Revista de Arquitectura, 1932:158)4, reconocimiento indicativo de que desde el interior del campo profesional, la visión negativa del arquitecto como empleado de la administración pública, imperante a principios del siglo XX, también había verificado un giro para los años estudiados.5 Para la década de 1930, prevalecía la identificación de las capacidades de estos profesionales con el abordaje de los problemas arquitectónicos y urbanísticos que afectaban a las ciudades argentinas y a sus pobladores, inmersos en la vorágine del proceso de modernización, y serán decenas de jóvenes arquitectos —graduados mayormente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires— quienes se integren las filas de la repartición.

Es innegable el significado social que la labor profesional del arquitecto, que ya en nuestro medio se empieza a reconocer y a valorar como un factor ponderable de mejoramiento de la vida colectiva y aporta por otro lado un elemento didáctico de primer orden a la campaña de cultura en que se halla empeñada. (Revista de Arquitectura, 1937:561)

Es decir, la legitimidad como “saber de Estado” se verifica a través de un vínculo doblemente constitutivo que alcanza mayores niveles de consolidación en la cuarta década del siglo XX. El Estado demanda ese saber y los representantes de la disciplina, por su parte, progresivamente reconocen como acreditada una labor profesional desarrollada en reparticiones públicas. Elocuente de este vínculo es la asistencia del Presidente de la Nación Ramón Castillo, junto a numerosos miembros de su gabinete, al banquete anual organizado por la SCA en 1942 (Revista de Arquitectura, 1942).

En este contexto, la ecuación capacidad técnica/vinculación política se torna crucial en el análisis del personal contratado, dependiendo su incidencia —en la mayoría de los casos— del nivel jerárquico en que se ubica dentro de la estructura estatal. Sintomático de ello es que los funcionarios políticos que ocupaban cargos directivos eran designados en forma directa por el Poder Ejecutivo Nacional, pudiendo deber su nombramiento a pertenencias partidarias o vaivenes políticos. El caso del Ministro de Obras Públicas de la Nación entre 1932 y 1940 resulta un claro exponente de esta estrategia. Manuel R. Alvarado, oriundo de la Provincia de Salta, inició estudios universitarios pero los abandonó a fin de continuar su carrera política, actuando como Diputado Nacional y Ministro de Hacienda de su provincia natal, entre otros cargos. Su compromiso con el gobierno de la Concordancia, más allá del cargo referido, lo llevó a aceptar diversas posiciones temporales, como la de Interventor Federal en la Provincia de Buenos Aires, de Santa Fe y Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación.

En el caso de los empleados técnico-administrativos del Estado, cuyas “competencias no podían ser parte del bagaje del común de la clase política” (Halperin Donghi, 2004), en la mayoría de los casos lograban ingresar en la función pública a través de un proceso de selección pautado, siguiendo criterios cualitativos de experiencia y especialización técnica, y progresaban en la carrera administrativa conforme a procedimientos reglamentarios aprobados en cada repartición (Lacreu, 1939). Esta meritocracia determinaba un mayor nivel de estabilidad laboral para los empleados técnicos, tal como lo evidencia la continuidad en sus funciones de la mayoría del cuerpo administrativo y técnico a pesar de la crisis política causada por el golpe de Estado de 1930 (Persello, 2007). La trayectoria del tucumano Jorge Tavernier en distintas áreas técnicas de reparticiones públicas ilustra esta continuidad. Tras obtener su título de técnico constructor en la Escuela Industrial de Rosario en 1915, decide continuar sus estudios, para lo que se traslada a la ciudad de Córdoba ya que la Universidad Nacional homónima ofrecía el título de ingeniero-arquitecto. Su trayectoria en la función pública se inicia como técnico del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba, cargo que le permite solventar su carrera y que abandona cuando se gradúa. A poco de regresar a Rosario, en 1922, se incorpora como arquitecto auxiliar en la IIIº zona de la DGA, dirección en la que asciende hasta alcanzar su jefatura en 1926. En su vinculación con el medio amerita ser destacado su rol como 1º presidente de la SCA, división Rosario, y como docente de la Escuela Industrial de dicha ciudad.

Otro aspecto que amerita ser señalado en el marco del proceso de legitimación de la arquitectura es la diferenciación respecto de otras disciplinas. Si bien el tema ya ha sido referido en cuanto a su reconocimiento en las reparticiones estatales específicas —particularmente respecto de la ingeniería civil—, en relación a su reconocimiento en el ejercicio liberal de la profesión resultaba necesaria su reglamentación, es decir, el establecimiento de normas respecto de las responsabilidades y deberes implícitos en la práctica de la profesión. A su vez, esta medida debe ser entendida como parte del proceso de ampliación de incumbencias del Estado, que buscaba extender sus mecanismos de control más allá de las titulaciones, involucrándose en la definición de las prácticas, las reglas de competencia y los límites respecto de otros campos. La reglamentación de las profesiones de agrimensor, arquitecto e ingeniero se concretó recién en 19446, tras años de debates y reclamos al respecto, reconfigurando la lucha de intereses que había caracterizado el vínculo entre los profesionales, las corporaciones y el Estado en los años previos.

EL ROL DE LOS ARQUITECTOS EN LA DGA

El inédito número de obras de arquitectura pública propuestas en el marco de la referida política de recuperación económica planteó un significativo desafío para la DGA (Parera, 2009). Una de las primeras medidas adoptadas por el arquitecto José Hortal tras su designación como Director fue la elaboración de un diagnóstico de la estructura interna de la dependencia a su cargo, tratando de responder a la demanda de un mayor nivel de especificidad técnica y coherencia organizativa.

Desde 1911, la organización de la Dirección General de Arquitectura estaba conformada por Director General, Inspector General y Vicedirector, seguida por las secciones Proyectos, Presupuestos y subsidios, Revisión de obras y liquidaciones, Conservación de edificios, Inspección de obras, y Secretaría, Archivo, Provisión de materiales y Depósito de útiles (Geneau, 1919). A partir del análisis de estos datos, Hortal elevó una propuesta, reglamentada en agosto de 19337, que mantenía los tres cargos más jerarquizados y agregaba la figura del Arquitecto Principal. Este, en sintonía con lo que sucedía en Estados Unidos con el “Supervising Architect” o en Alemania con el “Hofarchitekten”, asumía las tareas de coordinación y distribución del trabajo entre las distintas dependencias, así como la revisión de los anteproyectos desarrollados por las oficinas técnicas, mientras que a su vez contribuía a destacar el rol de la disciplina como el saber específico adecuado para satisfacer los requisitos técnicos de dicho cargo. En los últimos años, con la extensión burocrática y la ampliación de trabajos, el Director General y el Inspector General habían dejado de estar vinculados a tareas proyectuales para enfocarse en funciones administrativas y representativas.


Figura 1:
Humor sobre la indefinición en las incumbencias profesionales. Fuente: Revista de Arquitectura Nº 200, agosto de 1937.


Figura 2: Organización interna de la DGA (1933). Fuente: gráfico elaborado por la autora.

En cuanto a las divisiones, estas fueron organizadas acorde a la etapa de la obra que estaría involucrada —Proyecto, Construcción y Control—. Se colocaron bajo sus órbitas las distintas secciones que por su especificidad técnica podían ser desglosadas. Esta mayor compartimentación del proceso proyectual, por otro lado, aumentaba la distancia del ideal “Beaux Arts” del artista autor individual, genio creador de un proyecto único y original, dado que el proyecto era abordado y reelaborado en diferentes etapas por una multiplicidad de técnicos.

No es de desdeñar que la propuesta de Hortal, más allá de considerar en su diagnóstico el funcionamiento interno de la DGA, incluyó el resto de las oficinas técnicas que dentro de otros departamentos del Estado Nacional estaban a cargo de la concreción de arquitectura pública —como era el caso de la Dirección de Parques Nacionales, la Administración de Ferrocarriles del Estado o el Departamento Nacional de Higiene—, concluyendo que

la diversidad de reparticiones que intervienen en la conducción de las obras públicas ocasiona no solo falta de unidad en la acción, sino también un elevadísimo gasto en concepto de sueldos (…) La centralización de las reparticiones proporcionaría una oportunidad de cumplir el expresado propósito [seguir introduciendo el mayor número posible de economías]. La DGA, con el personal de que actualmente dispone, y con la incorporación de unos pocos técnicos pertenecientes a las dependencias a integrar, se hallaría capacitada en toda su integridad a dirigir —sin excepción— las obras del recordado carácter que se llevarán a cabo en cualquier parte del país (…) creo del caso sugerir la conveniencia de que se forme un Directorio de Arquitectura. (Hortal, 1932)

No resulta extraño verificar que esta propuesta de refundición de reparticiones no es llevada a la práctica, ya que debía enfrentar la dificultad que significaba intentar introducir transformaciones en un aparato burocrático ya formado. Sin embargo, esta iniciativa fue retomada en 1939 a partir de la creación de una junta consultiva para que “estudie y proponga la creación de un organismo técnico administrativo encargado de proyectar, dirigir, construir, coordinar y controlar todas las obras arquitectónicas de la Nación”8, puesta a cargo de los arquitectos Enrique Cuomo, José Grasso y Jorge Chute, personal jerarquizado de la DGA y con amplia trayectoria en la función pública.

En primer término, los profesionales estudiaron los copiosos antecedentes en la materia.9 A su vez, efectuaron un relevamiento de las reparticiones involucradas en la ejecución de obras de arquitectura, con particular atención a su personal, presupuesto y atribuciones. Finalmente, en base a los referidos antecedentes y pesquisas, Cuomo, Chute y Grasso elaboraron un proyecto de estructura orgánica para la propuesta Dirección Nacional de Arquitectura, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, considerando que

bajo una sola jefatura como se proyecta podrá pensarse en implementar unidad de estilos para los proyectos, de condiciones para la adquisición de materiales y de trámites y normas para la administración y financiación de las obras; podrán igualmente prepararse de acuerdo a planes generales que respondan a una idea de conjunto, y no se desperdiciarán esfuerzos aislados ni se chocarán gestiones contradictorias. (Cuomo, Grasso y Chute, 1939)

La organización propuesta, más allá de reducir el sobredimensionamiento del aparato estatal, claramente buscaba independizar las cuestiones “políticas” —como la vinculación oficial con otras reparticiones, ministerios y representantes del medio, diseño de estrategias públicas, estudio y determinación presupuestaria— de aquellas relacionadas con los aspectos “técnico-administrativos” —estudio previo, proyecto, ejecución y control de obras. Es decir, acentuar la línea divisoria: o se era “técnico” o se era “político”. Los redactores de la memoria eran empleados de la División Construcciones de la DGA al momento de serles encomendado el estudio y cabe presuponer que a partir de la estructuración propuesta procuraban asegurar a sus colegas profesionales una mayor independencia de los avatares políticos y de los intereses sectoriales. Con el alejamiento de Hortal a mediados de 1939, la propuesta de refundición pierde su principal promotor. Sin embargo, indudablemente constituyó la base para la creación de la Dirección Nacional de Arquitectura en 194510, a partir de la incorporación de las Direcciones de Construcción de Elevadores de Granos, y de Arquitectura Escolar y Hospitalaria, entre otras reparticiones.

Más allá de las reorganizaciones internas referidas, cabe señalar que la DGA verificó transformaciones, a su vez, para dar respuestas específicas desde los disciplinar a los planes de arquitectura pública propuestos por el Poder Ejecutivo Nacional. Tal es el caso de la Oficina de Patrimonio, creada en 1938 dentro de la División Proyectos para abordar las consultas elevadas por la recientemente organizada Superintendencia de Museos y Lugares Históricos, dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación. La posterior jerarquización de esta repartición como Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos, y particularmente a partir de la ampliación de sus incumbencias —clasificar, proteger y conservar los ámbitos físicos de valor histórico o arqueológico11—, la referida dependencia de la DGA es reorganizada como Oficina de Lugares, Edificios y Monumentos Históricos y es puesta a cargo del estudio de criterios de intervención y relevamiento de edificios históricos en el territorio nacional (Lima, 1943).

Por otro lado, tras la aprobación de una Ley para la erección de hoteles de turismo en 1940, la DGA organiza una nueva oficina dentro de la Sección Arquitectura, puesta a cargo de elaborar un programa general de necesidades para las distintas categorías de hospedajes propuestos. A su vez, la oficina dirigida por el arquitecto Ernesto de Estrada proyecta los edificios específicos, como los de Chilecito, Río Hondo y Humahuaca (Revista de Arquitectura, 1942).

En esta línea también es posible interpretar la creación de una oficina especial para asesorar al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación en la elaboración de un Proyecto de Ley de Educación Común e Instrucción Primaria, Media y Especial, presentada, sin éxito, al Congreso Nacional en 1939. Los jefes de las Divisiones Proyectos y Construcciones de la DGA, arquitectos Domingo Pitella y José Grasso respectivamente, fueron enviados a Europa y Estados Unidos de América para estudiar exponentes recientes, mientras que en el ámbito local se analizaron los problemas y aciertos detectados en las obras de los últimos años (ROPyP, 1938), para así determinar los aspectos programáticos, funcionales, dimensionales y económicos que debían ser tenidos en cuenta en la propuesta legislativa (Revista de Arquitectura, 1940). Producto de este estudio se elaboró un programa tipo para escuelas secundarias que incidió marcadamente en los proyectos elaborados por estos años, como la Escuela Normal de Maestros en Rosario y la Escuela Normal Mixta en Santa Rosa, La Pampa.12

El golpe de Estado de 1943 y las políticas estatales que caracterizaron las presidencias de Edelmiro J. Farrell y Juan D. Perón (1944-1955) implicaron el fin de la autonomía disciplinar en el ámbito de las reparticiones técnicas, lo que conllevó una relación conflictiva con las corporaciones profesionales y las instituciones de formación (Cirvini, 2008; Ballent, 2008). En consecuencia, este contexto determinó el fin de la primacía de los arquitectos como eslabones estratégicos en la definición de políticas en materia de arquitectura pública, cuestión que queda manifiesta en la controversia generada en torno del Plan de Reconstrucción de San Juan tras el terremoto de 1944 (Bereterbide, 1945), en las líneas que definieron la política habitacional impulsada masivamente13, así como en el sesgo populista de los discursos que tendía a asociar a las corporaciones profesionales y el accionar de sus miembros con prácticas oligárquicas (Ballent, 2005).14


Figura 3: Propuesta para hosterías en el Palmar, Humahuaca y Caraguayay. Fuente: Revista de Arquitectura Nº 266, febrero de 1943.


Figura 4: Propuesta para escuelas secundarias de la DGA: escuela frente a una plaza. Fuente: Revista de Arquitectura Nº 235, julio de 1940.


Figura 5: Planta baja Escuela Normal de Maestros en Rosario (arquitecto Ismael Chiappori, DGA MOP, 1941/1948). Fuente: CEDIAP.

COMENTARIOS FINALES

El presente trabajo ha tomado como foco el rol alcanzado por los arquitectos en una repartición de vital relevancia en materia de arquitectura pública, la Dirección General de Arquitectura. Para tal fin, se ha apelado al estudio de esta dependencia técnica para señalar el vigor del vínculo que el Estado consolida con los arquitectos ante la necesidad de incorporar sus conocimientos técnicos para dar respuestas adecuadas a los desafíos planteados por los procesos de modernización en general y por la crisis económica disparada a nivel internacional en 1929 en particular. A su vez, el análisis de ha detenido en el reconocimiento de la figura del “experto”, del técnico que diferenciándose del político y del empleado público es capaz de brindar un diagnóstico preciso y neutral, así como un tratamiento efectivo y racional. Al mismo tiempo, el trabajo ha registrado una serie de datos que permiten afirmar la progresiva especialización de la disciplina en ramas, proceso al que otras disciplinas, como la medicina y la ingeniería, ya habían incursionado con anterioridad, así como una creciente voluntad del Estado Nacional por controlar el ejercicio de la profesión en la esfera privada, en el marco de un modelo interventor que absorbía cada vez más incumbencias.

Si bien estos registros hacen referencia a procesos lentos y de diversa naturaleza, su corte tras 1943 converge en señalar la consolidación de una lógica diferente (y conflictiva) en el vínculo de la arquitectura con el Estado.

NOTAS

1. La arquitectura pública construida por los estados nacional y provincial en el territorio santafesino durante los años 1930-1943 constituye el tema de la tesis doctoral que la autora del presente artículo se encuentra desarrollando. La problemática aquí abordada constituye uno de los tópicos profundizados en dicha investigación, bajo la dirección del arquitecto Fernando Gandolfi y la codirección del arquitecto Luis Müller.

2. Paráfrasis de un texto que contribuyó ampliamente a la referida renovación. Sobre estas temáticas en el ámbito argentino, ver Oszlak (1997).

3. En el período estudiado, diversos autores han utilizado el término. Para el caso de los economistas, ver Caravaca y Plotkin (2007). En lo que refiere a los criminólogos, ver Salvatore (2001). En cuanto a los abogados, ver Zimmermann (2009).

4. No es de desdeñar el hecho de que la selección del sucesor fue concretada por el Presidente Agustín P. Justo, un ingeniero civil que había obtenido su título en 1904 de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, cuando ya en dicha institución se dictaba la carrera de Arquitectura. Según recuerda con posterioridad Alejandro Christophersen, Justo fue alumno oyente en una de sus cátedras dictadas en la Escuela de Arquitectura de la UBA (1927).

5. Como testimonio de la reticencia por aceptar el ejercicio profesional en relación de dependencia con el Estado, ver Christophersen (1904:16) y Álvarez (1925).

6. Decreto Ley Nacional Nº 17.946, firmado el 7 de julio de 1944.

7. Decreto Nº 26.155 del 4 de agosto de 1933.

8. Decreto Nº 33.540 del 12 de junio de 1939.

9. Entre ellos, las opiniones elevadas por Hortal al Ministro de Obras Públicas Manuel R. Alvarado en 1932 así como un proyecto de ley presentado en 1935 por el diputado Nicanor Costa Méndez, que no fue aprobado.

10. Decreto Nº 31.313 del 15 de diciembre de 1945.

11. Mientras que la Superintendencia es creada por el Decreto Nacional Nº 11.858 del 12 de noviembre de 1937, la Comisión fue organizada según dictamen del Decreto Nacional Nº 3390 del 28 de abril de 1938 –luego modificada por la Ley Nacional Nº 12.665 del 8 de octubre de 1940.

12. Dada la demora en la concreción de la mayoría de sus exponentes, este innovador programa escolar ha sido frecuentemente asociado con la obra del primer gobierno peronista.

13. “La Sociedad Central de Arquitectos (SCA), segura de las consecuencias que a corto plazo habrán de apreciarse, declara que son los arquitectos los únicos técnicos habilitados por sus conocimientos para estudiar el difícil problema creado”. En Informativo SCA, Nº 100, 23 de septiembre de 1946. (Citado en Cirvini, 2008:17).

14. Anahí Ballent aborda estas cuestiones, particularmente en relación al ingeniero José Pistarini.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

1. Álvarez, R. (1925). “Colaboración en el tema III”. Reseña del II Congreso Panamericano de Arquitectos: documentos, actas, comunicaciones y discursos. Santiago de Chile, Chile.

2. Ballent, A. (2002). “Estado, acción pública y ámbito privado en la construcción de políticas públicas: La DNV y el ACA, 1932-1943”. En XVIII Jornadas de Historia Económica. Mendoza, Argentina.

3. Ballent, A. (2005). Las huellas de la política: Vivienda, ciudad, peronismo en Buenos Aires, 1943-1955. Quilmes, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes.

4. Ballent, A. (2008). Ingeniería y Estado: la red nacional de caminos y las obras públicas en la Argentina, 1930-1943. História, Ciências, Saúde – Manguinhos Vol.15 Nº3.

5. Bereterbide, F. (1945). La nueva San Juan: Crítica del Plan de reconstrucción aprobado. Nuestra Arquitectura, 262-266 y 403-408.

6. Bourdieu, P. ([1994] 1997). Razones prácticas: Sobre la teoría de la acción. Barcelona, España: Anagrama.

7. Bourdieu, P. (2002). Campo de poder, campo intelectual: Itinerario de un concepto. Buenos Aires, Argentina: Montressor.

8. Camou, A. (1997). Los consejeros del príncipe: Saber técnico y política en los procesos de reforma económica en América Latina. Nueva Sociedad Nº152.

9. Caravaca, J. y Plotkin, M. (2007). Crisis, ciencias sociales y elites estatales: La constitución del campo de los economistas estatales en la Argentina, 1910-1935. Revista Desarrollo Económico Vol.47 Nº187.

10. Christophersen, A. (1904). La Sociedad Central de Arquitectos. Revista Arquitectura Nº2-3, 13-18.

11. Christophersen, A. (1927). Las diversas influencias arquitectónicas en la edificación de Buenos Aires. Revista de Arquitectura Nº79, 291-309.

12. Cirvini, S. (2008). “Peronismo y Sociedad Central de Arquitectos entre 1945 y 1955: Una relación comprometida entre el conflicto y la negociación”. En Primer Congreso de Estudios sobre el Peronismo: La primera década. Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.

13. Cuomo, E., Grasso, J. y Chute, J. (1939). Memoria inédita de la comisión nombrada por decreto Nº33.540 para el estudio de la Dirección Nacional de Arquitectura. DGA, MOP. Centro de Documentación e Información del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

14. Geneau, C. (1919). Reseña Histórica de las Reparticiones Nacionales de Arquitectura. Boletín de Obras Públicas e Industrias. Buenos Aires, Argentina: Ministerio de Obras Públicas.

15. Gorelik, A. (1998). La grilla y el parque: Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936. Buenos Aires, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes.

16. Halperin Donghi, T. (2004). La República imposible (1930-1945). Buenos Aires, Argentina: Biblioteca del Pensamiento Argentino.

17. Hortal, J. (1932). Nota elevada al Ministro de Obras Públicas, Manuel de Alvarado. Centro de Documentación e Información del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Buenos Aires, Argentina.

18. Lacreu, M. (1939).Disposiciones legales y reglamentarias concernientes a obras públicas. Tomo III, Personal. Buenos Aires, Argentina: Ministerio de Obras Públicas.

19. Lima, J. (1943). Mapas de ubicación de monumentos históricos. Revista de Arquitectura Nº268, 159-166.

20. Neiburg, F. y Plotkin, M. (2004). Intelectuales y expertos: La constitución del conocimiento social en la Argentina. Buenos Aires, Argentina: Paidós.

21. Oszlak, O. (1997). “La administración pública como área de investigación: la experiencia argentina”. En Congreso Interamericano del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. Caracas, Venezuela.

22. Parera, C. (2009). “La hora de los técnicos: La Dirección General de Arquitectura en la década de 1930”. En XII° Jornadas interescuelas/departamentos de Historia. Bariloche, Argentina: Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue.

23. Persello, V. (2007). Administración pública y partido gobernante. En El partido radical: Gobierno y oposición, 1890-1943. Buenos Aires: Siglo XXI.

24. Revista de Arquitectura Nº134. (1932). Al margen de una petición. (p.56) y Sobre la próxima vacante de la DGA. (p.100).

25. Revista de Arquitectura Nº135. (1932). Nuevo Director General de Arquitectura de la Nación.(p.148).

26. Revista de Arquitectura Nº204. (1937). Homenaje de la Sociedad Central de Arquitectos, división Rosario, al arquitecto Carlos Navratil. (pp.561-562).

27. Revista de Arquitectura Nº235. (1940). Racionalización de edificios para la enseñanza secundaria. (pp.414-421).

28. Revista de Arquitectura Nº244 (1941). Los arquitectos en la administración. (p.151).

29. Revista de Arquitectura Nº253 (1942). Hoteles y hosterías de turismo. (pp.12-14).

30. Revista de Arquitectura Nº 261 (1942). Revistió lucidos contornos el 2º banquete anual de los arquitectos. (pp.414-421).

31. ROPyP. (1938). La edificación escolar en el extranjero: Conclusiones de un informe técnico. Revista Obras Públicas y Privadas Nº6, 524-526.

32. Salvatore, R. (2001). Sobre el surgimiento del estado médico legal en Argentina (1890-1940). Estudios Sociales Nº20.

33. Skocpol, T. (1985). Bringing the State back in: strategies of analysis in current research. En P. Evans, D. Rueschemeyer y T. Skocpol (Comps.), Bringing the State back in. (pp.3-43). Nueva York, EE.UU: Cambridge University Press.

34. Zimmermann, E. (2009). “La enseñanza jurídica y la conformación del derecho administrativo como ‘saber de estado’ en la Argentina”, 1900-1930. En IX Jornadas de Historia Política. Mar del Plata, Argentina.

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Anales del IAA
Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo”.
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Universidad de Buenos Aires.

Versión impresa: ISSN 0328-9796
Versión digital: ISSN 2362-2024

 

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