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ARTICULO

La convivencia imposible: una capital para dos estados. Buenos Aires (1880-1888)

The impossible coexistence: a capital city for two states. Buenos Aires (1880-1888)

Claudia Shmidt *

* Arquitecta y Doctora en Historia con mención en Teoría de las Artes de la Universidad de Buenos Aires (Universidad de Buenos Aires). Directora de la Maestría en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Av. Figueroa Alcorta 7350. (C1428BCW) Ciudad de Buenos Aires. República Argentina. Email: cshmidt@utdt.edu

RECIBIDO: mayo de 2011
ACEPTADO: agosto de 2011


RESUMEN

La definición de la ciudad de Buenos Aires como capital de la República fue el resultado de un proceso de siete décadas de conflictos. Su consolidación en 1880, con la asunción a la presidencia de Julio A. Roca, implicó como desenlace la imposibilidad de albergar al Gobierno nacional junto al provincial precedente, situación resuelta con la ampliación del territorio federal y la separación definitiva, a través de la creación de una ciudad ex-novo: La Plata. Repasar algunos de los episodios ligados a la capitalización de Buenos Aires, permite abrir interrogantes desde el punto de vista de las transformaciones materiales, y revelar una sutil trama de marcas fijas, concretas y mensurables, con otra más sofisticada aunque dispersa en diversos vericuetos de la cultura urbana y política.

Palabras clave: Buenos Aires; Capitales provisorias; Capital Federal.

ABSTRACT

The definition of the city of Buenos Aires as the capital of the Republic was the outcome of a process of seven decades of conflict. Its consolidation in 1880, after the assumption to the presidency of Julio A. Roca, brought the impossibility of housing both the national government and the foregoing provincial one, situation solved with the expansión of the federal territory and its definitive federalization, with the following creation of an ex-novo city, La Plata to be the provincial capital. Reviewing some of the events surrounding the capitalization of Buenos Aires, arise new questions from the point of view of material transformations, and helps to disclose a subtle web of benchmarks, specific and measurable, that intertwines with a more sophisticated yet scattered one in the various intricacies of the urban cultura and politics.

Keywords: Buenos Aires; Provisional capital; Federal District.


... aunque el gobierno local de Buenos Aires quede accidentalmente coexistiendo con el
de la Nación en esta ciudad, [su permanencia no sería posible]: porque la coexistencia
se produce provisoriamente hasta que la provincia se de por nueva capital alguna de
sus muchas ciudades, mayores en población que lo fueron Valladolid, Burgos, Madrid,
ciudades de seis mil habitantes, cuando Carlos V y Felipe II las habitaron como
Metrópolis de sus Estados, en que nunca se ponía el sol, porque constaban de dos
mundos; porque en el intervalo el gobierno que es agente constitucional es el que queda
bajo la jurisdicción del gobierno supremo de la Nación y, local y exclusivo de la Capital de
su residencia; lo cual es más regular que lo fue antes de ahora el caso opuesto.
Juan Bautista Alberdi, 24 de abril de 1881.1

Ya todo había pasado. El 24 de abril de 1881, cuando Juan Bautista Alberdi firmaba el prólogo de una “especie de segunda mitad complementaria del libro de las Bases”, el desenlace violento de setenta años de lucha por la definición del sitio del poder político había resultado en la confirmación de la ciudad de Buenos Aires como capital de la República Argentina. Sin embargo, la “capital permanente” –como la llamó Julio A. Roca, vencedor militar y político de la larga controversia– debía aún “consolidarse” simbólica y materialmente. Había asumido la presidencia solo seis meses antes y, a los pocos días, inició una implacable tarea para resolver dos aspectos fundamentales: ampliar el territorio y despejarlo para la jurisprudencia única de la Nación. Pero no fue una misión fácil. Ocasionó una denodada lucha parlamentaria por conseguir dos tercios más de la superficie original, y la financiación de una ciudad completamente nueva, la futura La Plata. Las heridas provocadas por tantos años de desencuentros, intrigas, traiciones y grandes negocios, dejaron como cicatriz una convivencia imposible: Buenos Aires ya no podría albergar dos gobiernos, es decir, mantener el del antiguo Estado provincial, y además “soportar” al de la Nación, que hasta hacía pocos días era un “huésped indeseable”. Repasar entonces algunos de los episodios ligados a la capitalización de Buenos Aires, permite abrir interrogantes desde el punto de vista de las transformaciones materiales, y revelar una sutil trama de marcas fijas, concretas y mensurables, con otra más sofisticada aunque dispersa en diversos vericuetos de la cultura urbana y política.2

La ciudad de Buenos Aires albergó en su historia varias capitales. La primera de ellas fue en 1776, con la creación del Virreinato de Río de la Plata. Los avatares de las invasiones inglesas llevaron al entonces virrey Rafael de Sobremonte a trasladarse en 1806 a Córdoba, ciudad que declaró como capital interina del Virreinato. Esta acción lo obligó a dimitir, y su sucesor Santiago de Liniers reconquistó Buenos Aires restituyendo su condición de sede del poder central, en representación de la corona española. Luego de la Revolución de Mayo de 1810, pasó a ser la capital de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y al final del proceso de las guerras por la Independencia, de la provincia del mismo nombre, autoproclamada como un Estado autónomo en 1820. De allí en más, la llamada “cuestión capital” estuvo tensada respecto de su posible conversión en cabeza de un nuevo Estado integrador que reuniera varias provincias, ya sea en torno a un gobierno unitario o federal.

El primero que visualizó la dimensión real de la necesidad de definir un distrito federal para el asiento de un gobierno central, fue Bernardino Rivadavia. Buena parte de su ideario para transformar la Buenos Aires colonial en la capital nacional de un gobierno independiente, estuvo regido por las nuevas ideas acuñadas en los años de la Revolución Francesa. La proyección de un modelo de “ciudad regular”, que irradiara homogeneidad y orden hacia el resto de un sistema de ciudades, afectó la traza urbana general e incidió, de un modo decisivo, en el concepto de espacios públicos e higiene, promoviendo una serie de normativas estético-prácticas.3 Pero como ha mostrado claramente Fernando Aliata, ese rol de guía inspiradora solo pudo materializarse en parte.

Hacia la mitad del siglo XIX, con el trasfondo de la disputa entre Inglaterra y Francia por la isla Martín García y la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay,4 y después de la Batalla de Caseros, en 1853 se sancionó la primera Constitución Nacional sobre las bases elaboradas por Alberdi. En esa ocasión se había intentado que Buenos Aires fuera la capital de la Confederación Argentina, tal como estipulaba la primera redacción del artículo 3°,5 pero el Estado de Buenos Aires –reformulado sobre la anterior estructura territorial y política de la provincia– se mantuvo al margen e independiente, y no lo aceptó de ninguna manera. No estaba dispuesto a ceder a la Nación ni el puerto, ni su aduana y menos aún, ni un metro de la extensión de su ciudad fundamental. En 1854 Paraná fue declarada capital, y el territorio de la provincia de Entre Ríos, distrito federal de la Confederación. Pero esta situación fue muy difícil de sostener, no solo política y económicamente, sino también materialmente: la complejidad de cruzar el ancho río Paraná, fue un factor determinante. En 1858 se desafectó el distrito federal y, por poco tiempo más, quedó la ciudad como una sede débil y sin recursos.

Estos episodios relanzaron con fuerza los debates por las características de una capital para un posible Estado nacional, que se sostuvieron por más de dos décadas. ¿Dónde debía situarse? ¿En el desierto, como Washington; a la vera de los ríos o en un punto en el trayecto del trazado de las futuras redes de ferrocarriles?, ¿y cómo debía ser, pequeña y concentrada; grande y metropolitana; militarmente protegida; aislada y autosuficiente; lujosa o austera en sus edificios públicos? Esos fueron algunos de los interrogantes que acompañaron las discusiones en torno al carácter de una capital para un nuevo Estado-nación moderno. (Shmidt, 2005).

Nuevamente a través de guerras civiles armadas, las diferencias políticas se resolvieron en 1861, con la disolución de la Confederación y la formación de la República Argentina. En 1862, con la asunción de Bartolomé Mitre como presidente, se firmó una Ley de Compromiso por la cual se declaraba la ciudad de Buenos Aires como “residencia de las autoridades nacionales, con jurisdicción de todo su municipio, hasta que el Congreso dicte la ley de capital permanente”. En tanto, las autoridades provinciales continuarían residiendo en la capital “si ellas mismas no creyesen conveniente trasladarse a otro punto”. Se dictaminaba también que el Gobierno nacional dispondría de lo que necesite, pero los bienes públicos de la provincia seguirían en manos de ésta por lo que, en la práctica, el funcionamiento se hizo difícil. La Provincia se reservaba para sí, “el banco y demás establecimientos públicos radicados en el municipio de la ciudad y que por su naturaleza pertenecen a la Provincia, [los que] continuarán siendo regidos y legislados por las autoridades de ésta. Los juzgados y tribunales de justicia de la Provincia continuarán ejerciendo como hasta aquí su jurisdicción en el municipio de la ciudad”.6

De hecho, el Congreso Nacional sesionaba de día y la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires de noche, en el viejo edificio situado en la calle Perú 272 –en la Manzana de las Luces– además de utilizar diversos locales dispersos por la zona céntrica, la que se iría poblando de oficinas estatales de alquiler o como resultado de remodelaciones de construcciones existentes, preferentemente hacia el sur de la Catedral. En esos años se construyó el edificio para la Legislatura –proyectado por Jonás Larguía– pensado para el funcionamiento del Estado provincial. Algunos diputados alzaron la voz, aunque sin éxito, reclamando que el Gobierno nacional lo comprara.

La provisoriedad de las sedes para el ejercicio de los gobiernos se mantuvo por dos décadas más, con una intolerancia creciente –de parte de los “dueños de casa”– para con el “huésped indeseable”, como calificaría el último gobernador antes de la crisis final, Carlos Tejedor, al Gobierno nacional. En 1869, con el plazo cumplido y la decisión respecto de la “capital permanente” en suspenso, el Gobierno nacional perdió la jurisdicción y quedó simplemente como un visitante, que debía solicitar en préstamo equipamientos, edificios y servicios para poder ejercer. Durante estos años, ninguna ciudad del país se atrevió –pese a algunos proyectos circulantes– a invertir dinero e ilusiones en construir instalaciones que, por sus características, pudieran ser aptas para albergar un futuro Gobierno nacional, suponiendo que no recuperarían ni el dinero ni la obra. La incertidumbre respecto del sitio afectaba también los emprendimientos necesarios para el funcionamiento de los Estados provinciales.

Finalmente, los enfrentamientos armados que se sucedieron en 1880 –como producto de una escalada de violencia que se venía gestando desde el avance de la Campaña del Desierto, liderada por Roca– dieron por cerrado el período de lucha por la sede del poder central de la República Argentina. Los conflictos armados en las calles de Buenos Aires y sus alrededores, con la participación de civiles, militares y el apoyo logístico de algunos ingenieros del Departamento Topográfico, han sido descriptos en detalle por Hilda Sábato (2008). Seguir esos acontecimientos día a día, da cuenta de la resistencia de aquellos sectores que no quisieron ceder, no sólo conquistas políticas y económicas, sino concretamente la ciudad-puerto, la ciudad cosmopolita, la pequeña y poderosa “Atenas del Plata”.

El 1 de julio de 1880 cesaron las disputas entre las fuerzas nacionales y los sectores provinciales vinculados a Tejedor, quien debió renunciar a la gobernación provincial. El 12 de octubre Roca asumió la presidencia de la Nación, al término del mandato de Nicolás Avellaneda y con el conflicto por la capital resuelto. La solución consistió en la cesión a la Nación del territorio de la ciudad de Buenos Aires, que fue declarado Capital Federal, y la decisión de otorgar dineros nacionales para construir una nueva capital, pero esta vez para albergar al Gobierno provincial. De inmediato se iniciaron dos procesos en paralelo. Por un lado, en lo provincial se aceleraron las diligencias para decidir el emplazamiento y las características de la nueva capital, La Plata. Por otro, en lo nacional se daba dio impulso a la construcción de los “edificios públicos dignos de la Nación” (Shmidt, 1997), a la vez que se lanzó una última cruzada por la ampliación del territorio federal.

En aquellos primeros momentos, Alberdi cuestionaba la intransigencia de los “porteños” respecto de la imposibilidad de coexistencia del gobierno nacional y del provincial. Lamentaba esa actitud severa e intentaba resistir la creación de una ciudad nueva. Pero, al mismo tiempo, reforzaba lo que sería la principal arma de gobierno y jurisprudencia para el poder nacional: “dar al jefe de la Nación el gobierno local de la ciudad de su residencia y hacer por la amalgamación de ambos gobiernos uno solo, fuerte, serio y eficaz”. Pero se preguntaba igualmente, por qué “los hijos de Buenos Aires” sentían que ahora quedaban como “extranjeros” en su propia ciudad: “eso es un error!! (...) los porteños siguen gobernando la Capital (...) pero en vez de hacerlo solos (...) lo hacen conjuntamente con los argentinos de toda la Nación. París es gobernado por los franceses, Londres por los ingleses, Roma por los italianos, Madrid por los españoles, Santiago por los chilenos, Río de Janeiro por los brasileros...” (Alberdi, 1881:63).

Pero este anhelo no pudo concretarse fácilmente. La suerte estaba echada. Entre las primeras medidas que tomó Roca se encontraba la reforma de la Ley Orgánica Municipal, para reglamentar “la organización del gobierno local, que había de regir en adelante en el nuevo y populoso distrito federal”.7 Era imperioso comulgar, en términos de jurisdicción, los intereses nacionales con los municipales: “[...]inspirándose el PE en [el respeto por la Constitución] y en las sinceras aspiraciones del pueblo de la República, aleccionado por una dolorosa experiencia, ha buscado con el deseo del acierto, una combinación apta para satisfacer la doble exigencia de asegurar y vigorizar al Gobierno Nacional, y dar al mismo tiempo participación delegada a la población del municipio en la administración de los intereses locales”.8 Es que, en rigor, el conflicto de convivencia que se producía con la capitalización era el de tres gobiernos: el municipal, el provincial y el nacional. Por ello Alberdi se resignaba ante la imposibilidad de seguir el ejemplo de Santiago de Chile o el de Madrid, ciudades en las que, señalaba, las tres autoridades compartían territorio con jurisprudencias claras y sin conflictos de intereses.

Pero Roca apeló al modelo norteamericano aplicado en el distrito federal de Columbia, donde la administración municipal había estado a cargo de corporaciones o empleados, bajo la dirección inmediata del Gobierno y la autoridad del Congreso y del Poder Ejecutivo. Esta forma había resultado la adecuada para mantener con firmeza su autoridad en la capital, Washington, como una base segura de su poder. En ocasión de elevar el pedido a la Legislatura municipal para que votasen la reforma, interpelaba así a los legisladores, estimulando la aceptación de su propuesta: “¿Convendría desviarnos nosotros de esa jurisprudencia, cuando hemos adoptado en términos idénticos el artículo de la Constitución americana acerca de los poderes del Congreso, para legislar exclusivamente en el territorio de la Capital y avanzando más explícitamente en este punto, con declaraciones como las que contiene el inciso 3 del artículo 86 de nuestra carta fundamental de que el Presidente de la República es el jefe inmediato y local de la Capital de la Nación?”.9 Luego de intensos debates que se extendieron por un año y medio, en los que se ponía en juego la representación de los vecinos en el poder político del municipio, la fórmula final resultó en que el gobierno de la rebautizada Municipalidad de la Capital de la República, estaría constituido por un Concejo Deliberante y un Departamento Ejecutivo. Este último tendría a cargo un “funcionario nombrado por el Presidente de la República, con acuerdo del Senado”, cuyo mandato podía ser revocado por el Concejo Deliberante. El difícil equilibrio entre la nominación del intendente y la capacidad de remoción por parte del Concejo Deliberante tiñó la larga gestión de Alvear, que se inició como Presidente de la Corporación Municipal antes de la federalización; luego de una renuncia formal fue nombrado rápidamente por Roca, en diciembre de 1880, para después sufrir una serie de destituciones y suspensiones por parte del Concejo, y restituciones por parte del Gobierno central, prácticamente hasta el final de su mandato durante el gobierno de Juárez Celman.10

En este sentido, lidiar con el flanco municipal no solo fue complicado inicialmente para Roca. También lo padecieron sus inmediatos sucesores. Una de las primeras acciones que emprendió Alvear al mes de declararse la capitalización de Buenos Aires, fue el pedido de regularización del límite de la ciudad en pos de ordenar las jurisdicciones territoriales. En ese trámite inicial sólo se solicitaba a la Provincia la cesión de unas pocas hectáreas de terrenos linderos a la accidentada demarcación de los lotes de borde. Pero lo que comenzó como una operación “estética” (Gorelik y Silvestri, 1992), Roca lo transformó en un franco pedido de anexión de tierras, que llegaron a sumar 14.000 hectáreas más (Shmidt, 2005).

En realidad, los debates por el “ensanche” librados en las tres sedes parlamentarias –nacional, provincial y municipal– estuvieron atravesados por la dilucidación de las características, tamaño y ubicación de la futura capital provincial. Por ello pudo avanzar la solicitud de multiplicación del territorio. Mientras los propios pueblos de Flores, Belgrano y otros se postulaban como capitales provinciales, las respuestas coincidían en que la cercanía hacía inviable su autonomía pues el crecimiento de Buenos Aires estaba ya desatado por la inmigración y las infraestructuras de modernización.11 Los mismos motivos, entonces, fueron esgrimidos en contrario, y varias de estas localidades adherían a ser anexadas al territorio de la Capital pues las necesidades de la vida cotidiana ya lo requerían de hecho. Pero también les otorgaría facilidades impositivas y prioridad en los servicios públicos. Uno de los argumentos más repetidos era el de la necesidad de cambiar de jurisdicción para enterrar a los muertos. El cementerio de la Chacarita, por ejemplo, no formaba parte del distrito federal, y esta problemática se extendía, así, hacia otras instalaciones de servicios que quedaban extramuros. Claro que los defensores de la Buenos Aires pequeña y concentrada –representados en la solicitud de Alvear– querían a toda costa conservar el tamaño original (Liernur, 2001). A esto se sumaban los sectores más duros del Estado provincial, que ya se sentían vencidos por haber “regalado” su mejor bien a la Nación, y se quejaban porque todavía osaban pedirles más tierras. En tanto, el propio Roca y otros miembros del Partido Autonomista abogaban por la ampliación.

Es importante relacionar aquí el otro proyecto elevado por los partidarios de Alvear, el de la Avenida de Mayo. La solicitud de la apertura de una avenida Este-Oeste constituía la pieza principal que consolidaría el campo de las acciones posibles de llevar adelante desde la gestión municipal, tales como empedrado, alineación y demarcación, zonificación por actividades en función de la higiene, etc. La que sería la Avenida de Mayo se relacionaría con un simbólico origen en las Plazas de la Victoria y de Mayo, aunque no se preveía, aún, un remate ni una extensión última (el proyecto señalaría una longitud de doce manzanas a contar desde la Plaza de la Victoria). Un par de años después, a fines de 1884, la aprobación final del emprendimiento de la traza y expropiación de terrenos que daría paso a la creación de la Avenida, se produjo el mismo día, en la misma sesión y fue votada por los mismos legisladores que decidieron sobre la cesión de los pueblos de Flores y Belgrano al territorio de la Capital Federal. Pero se trataba de una de las últimas manifestaciones del poder provincial. El detalle radicaba en la imposibilidad del cumplimiento de este último acto. La ley aprobada era inaplicable pues cedía las tierras pero no la jurisdicción sobre los ferrocarriles, lo que la hacía impracticable.12


Figura 1. Pablo Blot, Luis Silveyra, Plano del territorio cedido a la Nación para ensanche para la Capital Federal con indicación del límite definitivamente adoptado. 1888. Archivo Mitre.

Retrocediendo al momento de inicio de estas diligencias, en 1882, apenas habían tomado curso los estudios municipales para el proyecto y reglamentación de la futura Avenida de Mayo, al tiempo que se iniciaba la carrera por la localización y resolución técnica del puerto. Ambas acciones ponían en debate la consolidación del centro geográfico de la ciudad. En el mismo clima de fervor transformador, Roca había dado comienzo a las gestiones para impulsar las obras para los edificios que deberían alojar los tres poderes republicanos. Contra las opiniones de muchos legisladores, la idea de unificar y remodelar el conjunto de edificios que ya estaban en uso para el funcionamiento del Poder Ejecutivo, sumando instalaciones del viejo Fuerte de Buenos Aires, avanzaba de hecho a través de las acciones del presidente. Si se piensa que se trataba de su propia sede, es comprensible que evitara atender las sugerencias múltiples que instaban a construir un edificio nuevo en otro sector de la ciudad. Sin embargo es importante notar que, en vez de estimular la centralización de los futuros edificios públicos en relación con el incipiente proyecto municipal de la Avenida Este-Oeste, Roca promovió la ubicación de los futuros “edificios dignos de la Nación” –particularmente los “palacios” del Congreso y de Justicia– en una alineación virtual en dirección hacia el Noroeste.

Simultáneamente, en un rápido proceso, se resolvió el sitio definitivo de la futura capital provincial, en relación directa con el puerto de la Ensenada, y sobre un plano moderno compuesto por una cuadrícula atravesada por un sistema de diagonales. Si se compara con los tiempos que le llevó al Gobierno nacional, La Plata se materializó en tiempo record: tanto el trazado de la ciudad, como la construcción de sus edificios públicos más emblemáticos –muchos de ellos proyectados a través del llamado a concursos internacionales de arquitectura– se levantaron antes de fines de la década de 1880.

Mientras tanto, día a día en la ciudad de Buenos Aires se sentía el traspaso, en ocasiones caótico, de un conjunto de bienes compuestos por tierras, espacios públicos y edificios, que el Gobierno provincial retenía hasta último momento, sometiéndolos uno a uno a negociaciones puntuales. Si bien Roca había logrado concretar al menos uno de los grandes temas de la capital, la reforma de la Casa de Gobierno, no le resultaba tan fácil avanzar en el de las sedes de los otros poderes. A comienzos de 1883 inició las gestiones para contratar, en Italia, un profesional para que se abocara a los edificios públicos. Es notable la toma de esta decisión ya que contaba con dos oficinas públicas, supuestamente a su entera disposición: el Departamento de Obras Públicas municipal –a cargo del ingeniero-arquitecto Juan A. Buschiazzo– y el de la Nación, dirigido entonces por el arquitecto sueco Enrique Aberg. De todos modos, ese trámite se demoraría aún varios meses y concluiría con la llegada a la Argentina, a fines de 1884, de Francesco Tamburini.

Mientras tanto, se concretó el traspaso de la ya obsoleta Estación del Parque –cabecera del Ferrocarril del Oeste– a la Estación Once de Septiembre. Esta decisión, que respondía más bien a un mejor ordenamiento y direccionalidad del trazado de la vía férrea, convertía al sitio vacante en una oportunidad extraordinaria: un “terreno baldío” en el área céntrica. El 1 de enero de 1883, la antigua estación finalmente quedó clausurada y de inmediato la provincia de Buenos Aires, propietaria de los terrenos, intentó ponerlos en venta; pero el Gobierno nacional frenó la operación. En octubre del mismo año, el Poder Ejecutivo hizo autorizar la partida de dinero para su compra.13 La rápida visualización de las características estratégicas del predio, estimularía en breve la presentación de proyectos. Entre 1884 y 1889 se decidió ubicar allí los siguientes edificios públicos: una escuela primaria –en la esquina de Viamonte y Talcahuano– y un Museo de Productos Argentinos, en la esquina de Libertad y Lavalle, ambos en 1884; el Palacio de Justicia –Talcahuano, Lavalle, Uruguay y Tucumán– en 1886 y, en 1889, se decidió trasladar el Teatro Colón al predio de Libertad y Tucumán. Todas las obras las proyectó, inicialmente, Tamburini.

Fue también en aquel mismo mes de octubre de 1883, cuando el intendente Alvear presentó al Concejo Deliberante el proyecto de los ingenieros municipales Pablo Blot y Juan Buschiazzo para unificar las Plazas de Mayo y Victoria y crear un espacio público de nuevo tipo en la ciudad, con un monumento conmemorativo a la Independencia en su centro. Sin duda, se trataba de un proyecto modernizador con bases en las teorías higienistas, aunque suscitó polémicas en torno al problema de la valoración histórica que tenía el solar, y las implicancias de la demolición de la Vieja Recova y la Pirámide de Mayo.14

Esta escueta serie de episodios, apenas esbozados aquí, proponen repensar el momento de la transformación del antiguo Municipio de Buenos Aires en Capital Federal, desde su definición como “permanente” hasta su trazado definitivo. La dinámica del traspaso de bienes provinciales durante casi toda la década de 1880, afectó el funcionamiento cotidiano de las instituciones nacionales, que estaban comenzando a asentarse. En su momento, el presidente Roca no asistió a la ceremonia fundacional de la ciudad de La Plata, celebrada en noviembre de 1882, en uno de los varios gestos explícitos de estas incomodidades. Las rivalidades y las diferencias políticas coyunturales en el seno del Partido Autonomista, pero también la larga historia de luchas y oposición entre los “porteños” y el “interior”, estaban aún vigentes. Sin duda, el haber reemplazado la instancia bélica por la negociación política para la resolución de conflictos internos había constituido un salto cualitativo importante, pero los juegos del poder político se mantuvieron en el tiempo y dejaron sus marcas en la Capital Federal. Desde el momento mismo de la instauración de la “paz roquista” (Halperin Donghi, 1987), quedó clara la imposibilidad de convivencia de los dos gobiernos, a tal punto que la negociación, como se ha señalado, se selló con la construcción de una ciudad ex-novo.

Pero es en la continuidad de la búsqueda por ampliar el territorio para el distrito federal donde resuenan los años de debates en torno al sitio, el tamaño y el carácter que debía tener la sede del asiento de las autoridades de una nación moderna. En este sentido, el resultado final –que Roca no pudo consumar– muestra el alcance de una prefiguración política que llevaba como sustento la materialización de una ciudad distinta, sin planos ni trazados, aún sin claridad funcional, pero con la fuerza de la marca en un territorio cuyas dimensiones, entonces, representaban el ideario de la necesidad de una gran capital para una gran nación. Claro que, si bien un sector importante de los perdedores había confiado en la potencialidad que ofrecía la construcción de una nueva ciudad portuaria como lo sería La Plata, otro grupo poderoso quedó representado en el difícil andamiaje de las instituciones municipales, cuya cabeza –personificada en la figura de un intendente– estaba supeditada a la designación del Poder Ejecutivo, pero también a la demanda concreta de un Concejo Deliberante heterogéneo.

La figura presidencial igualmente fue ganando poder de resolución y decisión en los designios de la Capital Federal. Luego de aquel último gesto de fuerza en 1884 –la falacia de la cesión de Flores y Belgrano pero sin la jurisdicción de los ferrocarriles– la Provincia no pudo sostener por mucho tiempo más su incidencia política en Buenos Aires. En el discurso de despedida de su gestión, Roca enumeraba los logros –tanto del Departamento de Obras Públicas de la Nación como de la Intendencia– sumando también como un mérito personal, la construcción de La Plata, “una gran ciudad a pocas leguas de la capital, el esfuerzo más grande de América Latina”. Pero apenas asumió, su sucesor Miguel Juárez Celman destrabó el trámite, y al año siguiente –el 28 de septiembre de 1887– la Legislatura Provincial aprobó la cesión de Flores y Belgrano, sin condicionamientos, tal como se había hecho el traspaso de la ciudad en 1880. En esta ocasión la ventaja fue para la Provincia, que con esta entrega de tierras cancelaba deudas anteriores, recibía a cambio financiación para extender el Ferrocarril del Oeste y obtenía más fondos por la venta de otros edificios públicos (Cresto, 1987). Como ya ha sido explicitado, el episodio final estuvo a cargo de los ingenieros Luis Silveyra –por la Provincia–15 y Pablo Blot –por la Nación–,16 quienes entregaron el plano definitivo, con la regularización del límite a través del trazado de un bulevard de circunvalación, de 100m de ancho, en enero de 1888.17 De las 4.000 hectáreas iniciales que tenía la primera capital federal, pasó a contar con 18.000 y la anexión de dos pueblos.

La naturaleza de las ciudades capitales lleva implícita la “coexistencia de gobiernos”, como advertía Alberdi, dado que las autoridades propias de la administración pública son inherentes a cualquier organización urbana, en cambio el hospedaje de autoridades de mayor incumbencia, están destinadas a superponerse con estas estructuras. El caso de Buenos Aires, al momento de su capitalización, no es distinto al de Praga, Budapest o Kuala Lumpur, que vivían procesos similares, encuadrados en el marco de la capitalización de los Estados-nación modernos de la segunda mitad del siglo XIX. Y si bien puede decirse que en 1888, con el plano definitivo, la división de jurisprudencias quedó resuelta, la dinámica de las convivencias quedará inscripta como un estigma y no como una superación.

NOTAS

1. Juan B. Alberdi, “Prefacio” en: J. B. Alberdi, La República Argentina consolidada en 1880. Con la ciudad de Buenos Aires por capital. Buenos Aires, 1881, p. 19.

2. El presente artículo surge de la tesis doctoral Palacios sin reyes. Edilicia pública para la capital permanente. Buenos Aires, 1880-1890, Prohistoria Ediciones, Rosario, en prensa, 2012.

3. Estas normativas regulaban el alineamiento de frentes, exigían fachadas lisas y sin ornamentos para evitar la acumulación de polvo, pero también para dar un carácter más austero y menos “barroco”, en términos del neoclasicismo ilustrado. (Aliata, 2006).

4. Este contexto rodea el proyecto de Domingo F. Sarmiento para la creación de Argirópolis, una capital para los Estados Confederados del Río de la Plata, proyectado en 1850 para instalarse en la Isla Martín García, en esos días en manos de los franceses y custodiada por la República Oriental del Uruguay. (Sarmiento 1850).

5. “Las autoridades que ejercen el Gobierno federal residen en la ciudad de Buenos Aires, que se declara Capital de la Confederación por una ley especial”, Artículo 3º de la Constitución de la Confederación Argentina, 1 de mayo 1853. Fue sancionada por el Congreso General Constituyente reunido en Santa Fe, promulgada el 25 de mayo y jurada en comicios públicos el 9 de julio. (Carranza 1938).

6. Comunicación enviada al Congreso Nacional el 29 de septiembre de 1862, luego ratificada con fuerza de ley para la capital provisoria. Cfr., en Arturo B. Carranza, La cuestión capital de la República Argentina. cit.,Tomo III, p. 597.

7. Proyecto de Ley Orgánica Municipal, remitido por Roca y Del Viso a la Cámara de Diputados, 2ª sesión ordinaria del 11 de mayo de 1881, en H. Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, en Recopilación de los debates de leyes orgánicas municipales y sus textos definitivos, Tomo II, 1881, H.C.D.C.B.A., 1938, p. 4

8. Carta de Julio A. Roca, remitida por Antonio Del Viso al H. Congreso de la Nación, en Recopilación de los debates..., cit., p. 4 y ss.

9. El inciso 3 del artículo 86, de la Constitución Argentina de 1860 (que se refiere a las atribuciones del Poder Ejecutivo) dice: “El Presidente de la Nación [...] es el jefe inmediato y local de la Capital de la Nación.”

10. La compleja y abarcativa gestión municipal de Alvear durante esta década ha sido especialmente seguida por AdriánGorelik, 1998. Para una biografía y cronología de sus acciones, Adrián Beccar Varela, Torcuato de Alvear, Su acción edilicia, Kraft, Buenos Aires, 1928.

11. El debate y las alternativas de las posibles capitales provinciales han sido ampliamente analizados por De Paula, 1987.

12. Ley 1722, 28 de octubre 1884, de la Provincia de Buenos Aires cediendo a la Nación la jurisdicción que aquella ejercía en los Municipios de Belgrano y Flores. El 30 de octubre de 1884 tuvo lugar la sesión final de una serie de debates en torno a ambos temas. El 31 de octubre 1884 se sanciona la Ley Nacional 1585. (Carranza 1938).

13. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores. Sesión del 9 de octubre de 1883. La Estación del Parque se trasladó el 28 de septiembre de 1880 a Once. El 1 de enero de 1883 se hizo todo el servicio de trenes desde la nueva estación. El Parque quedó clausurada y se empezó el levantamiento de las vías. El 9 de enero 1883 la Provincia puso en venta la Estación del Parque, y el 25 de Octubre de 1883 se autorizó al PE para comprar a la Provincia todos sus edificios y terrenos. (Schickendantz, 1994).

14. El análisis de la polémica y del proyecto en Adrián Gorelik, 1997. Del mismo autor, posteriormente “Combates por la memoria” en La grilla y el parque..., 102 y ss.

15. Nombrado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial el 8 de octubre de 1887.

16. Nombrado por decreto del Poder Ejecutivo Nacional el 18 de octubre de 1887.

17. Informe presentado al Ministro de Gobierno provincial, por Blot y Silveyra, 17 de enero de 1888.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Alberdi, Juan B. 1881. La República Argentina consolidada en 1880. Con la ciudad de Buenos Aires por capital. Buenos Aires.

2. Aliata, Fernando. 2006. La ciudad regular. Arquitectura, proyectos e instituciones en el Buenos Aires posrevolucionario. 1821-1835, Buenos Aires: Prometeo.

3. Beccar Varela, Adrián. 1928. Torcuato de Alvear, su acción edilicia. Buenos Aires: Kraft.

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Anales del IAA
Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo”.
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Universidad de Buenos Aires.

Versión impresa: ISSN 0328-9796 - Versión digital: ISSN 2362-2024

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